Una coalición de organizaciones demócratas, líderes del partido y una votante demandaron el martes a la administración Trump en un tribunal federal de Washington. Acusan al Departamento de Justicia (Justice Department) y al Departamento de Seguridad Nacional (Department of Homeland Security) de presionar a los estados para depurar los registros de votantes y de amenazar a funcionarios electorales locales a menos de dos semanas del día de las elecciones.1,4,6
El escrito de 44 páginas fue presentado ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia (U.S. District Court for the District of Columbia). Pide a un juez que bloquee los supuestos intentos de la administración de obligar a los estados a eliminar a votantes de los listados de inscripción y a separar determinadas papeletas, y que detenga lo que los demandantes describen como amenazas contra funcionarios. Los demandantes piden al tribunal que declare ilegales las acciones de la administración. La demanda nombra como demandados al presidente Donald Trump, a los dos departamentos y a sus titulares. Entre los demandantes figuran el Comité Nacional Demócrata (Democratic National Committee), sus brazos de campaña para la Cámara y el Senado, varios legisladores de alto perfil y otros, según ABC News, así como el Comité Demócrata de Campaña para la Cámara de Representantes (Democratic Congressional Campaign Committee) y una votante, según Axios.1,4,6
El escrito llega mientras la administración ha chocado con funcionarios de California, Nevada y otros estados por acusaciones de voto de no ciudadanos en las últimas semanas. El Departamento de Justicia y el Departamento de Seguridad Nacional han acusado a varios estados de mantener deliberadamente a no ciudadanos en sus registros de votantes y de negarse a colaborar con las autoridades federales para eliminarlos.1
La demanda cita una afirmación del Departamento de Seguridad Nacional según la cual Nevada tenía casi 16.000 no ciudadanos en sus registros de votantes. El departamento dijo después que había confirmado que 185 de esas personas no eran ciudadanos. Según indica la demanda, los registros estatales señalaron posteriormente que los 185 eran ciudadanos.6
La disputa con California gira en torno a una lista de unas 20.000 personas que, según el Departamento de Justicia, son acusadas de no poder votar. La demanda afirma que el departamento exigió a California que negara las papeletas a más de 20.000 personas basándose en esa lista federal de presuntos votantes no elegibles.1,6
Dos funcionarios de la Oficina del Registro Electoral del Condado de Los Ángeles (Los Angeles County registrar's office) entregaron los resultados de un "análisis preliminar" de 200 personas de la lista, según documentos judiciales presentados el martes. Los funcionarios dijeron que casi el 40 % de esas 200 "indican que nacieron en Estados Unidos, lo que es una fuerte prueba de ciudadanía; y el 71,2 % de los registros no tienen historial de votación". Axios, citando la investigación del condado de Los Ángeles, situó la proporción con lugar de nacimiento en Estados Unidos en más de un 25 % de los marcados, y señaló que otras personas de la lista ya habían visto cancelados sus registros. Las dos versiones difieren en esa cifra, y los informes no explican la diferencia.1,6
En una declaración a ABC News, la portavoz del Departamento de Justicia Kiersten Pels acusó a California de "ceguera voluntaria". "California no puede facilitar la violación de la ley federal", dijo Pels. "Notificamos a California que es probable que haya no ciudadanos inscritos para votar, y le pedimos que verificara de forma independiente la ciudadanía de cualquier papeleta emitida por personas de una lista que le proporcionamos. Se negó a hacerlo. La ley federal no permite esta ceguera voluntaria."1
Un portavoz del Departamento de Justicia dijo a Axios, en un comunicado enviado por correo electrónico, que "El Departamento de Justicia hace cumplir la ley electoral federal, y la integridad electoral es una prioridad máxima". La declaración añadía que "Cada medida que el Departamento ha tomado para proteger la integridad de las elecciones de este año se basa en la ley y está siendo litigada en un tribunal abierto. Garantizar que solo voten los ciudadanos elegibles y que se cuente cada papeleta válida es un requisito de la ley federal."6
Un portavoz de la Casa Blanca dijo a Axios que "Los demócratas y los medios siguen restando importancia a las preocupaciones sobre el fraude electoral. La administración Trump está tomando medidas decisivas y legales para proteger nuestras elecciones, incluida la persecución de delitos electorales, el fortalecimiento de la seguridad de la infraestructura electoral y la protección de votantes vulnerables frente al fraude y la coacción". Axios dijo que el Departamento de Seguridad Nacional no respondió de inmediato a su solicitud de comentario. ABC News dijo que había contactado con la Casa Blanca para recabar su opinión.1,6
La demanda describe cómo la administración presiona a los estados para depurar sus listados de inscripción de votantes usando "listas de supuestos no ciudadanos elaboradas de forma chapucera, listas objetivo que se desmoronan al primer examen somero". También afirma que "Desde hace más de una década, el presidente Donald J. Trump ha bombardeado al pueblo estadounidense con mentiras y desinformación sobre las elecciones estadounidenses y el fraude electoral", y que "Aunque estas mentiras han sido desmentidas en cada ocasión, eso nunca ha disuadido al presidente de utilizarlas como pretexto para apoderarse del control de las elecciones, aun cuando los tribunales rechazan abrumadoramente ese esfuerzo".1
Los abogados también acusan a los funcionarios de intimidación. "Funcionarios del Departamento de Justicia y del DHS han intentado reforzar sus esfuerzos de injerencia mediante un flujo constante de amenazas e intimidación dirigidas a funcionarios electorales estatales y locales de todo el país", escribieron los abogados de los grupos. Sostienen que "las amenazas coercitivas de represalia legal contra funcionarios estatales, incluida incluso la posible prisión, por el simple hecho de seguir la ley estatal y ayudar a votantes registrados a emitir sus votos, intimidan objetivamente tanto a los votantes como a los funcionarios electorales, en violación de la Sección 11(b) de la Ley de Derecho al Voto (Voting Rights Act)". La demanda también sostiene que el presidente no tiene autoridad constitucional para decidir quién puede votar ni para dictar cómo los estados cuentan las papeletas, según Axios.6
Axios señaló que las investigaciones y auditorías no han encontrado pruebas de fraude electoral generalizado, y que los estudios muestran que el voto de no ciudadanos es raro. Los estados sostienen que las medidas de la administración, tomadas semanas antes de las elecciones de medio término, reflejan un exceso de poder federal y pretenden sembrar desconfianza en el resultado de los comicios, según informó ABC News. Los informes no dicen cuándo podría un juez pronunciarse sobre la solicitud de una orden que bloquee las acciones de la administración, y el Departamento de Justicia ha dicho que sus acciones se están litigando en un tribunal abierto.1,6
