El Departamento de Justicia defendió el domingo la exactitud de su lista de más de 20.000 presuntos no ciudadanos registrados para votar en California y pidió a un juez federal que considere si una organización de defensa de los inmigrantes y sus abogados deberían enfrentar cargos por desacato tras publicar un análisis de los nombres.1,4
La solicitud, dirigida al juez presidente del Tribunal de Distrito de EE. UU. (U.S. District Court) James Boasberg en Washington D. C., se presentó un día después de que los abogados de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (Coalition for Humane Immigrant Rights), o CHIRLA, presentaran documentos judiciales en los que afirman que su revisión reveló que más del 40 % de las personas de la lista no figuran en el registro electoral del estado. La disputa se centra en una lista que el Gobierno quiere que California utilice para apartar papeletas días antes de las elecciones de medio mandato del martes, cuando millones de californianos ya han votado.1,4,5,2
El tamaño de la lista se describió de forma distinta en los documentos judiciales y en los informes. El Departamento de Justicia y los documentos judiciales dijeron que se trataba de 20.000 personas, mientras que los investigadores del Proyecto de Derechos de Voto de la Universidad de California en Los Ángeles (Voting Rights Project at the University of California, Los Angeles) dijeron que examinaron 20.930 nombres identificados por funcionarios federales. Los investigadores concluyeron que 8.880 nombres, o el 42 %, no pudieron vincularse con el registro electoral vigente de California. El análisis también identificó a 22 personas de la lista que probablemente eran ciudadanos estadounidenses naturalizados y señaló que miles de ciudadanos estadounidenses más parecían figurar también en ella.1,4,5,6,3
Boasberg había permitido el viernes que CHIRLA accediera a los datos federales de 20.000 personas que la administración Trump señala como votantes no ciudadanos en California. Ordenó a los demandantes que no divulgaran ningún nombre de la lista y que usaran los datos solo para argumentar por qué tienen legitimación para impugnar el uso que la administración hace de ella. El Departamento de Justicia afirmó en su escrito del domingo que el análisis no tenía nada que ver con la legitimación y que, por tanto, violó esa orden. "La exhibición política del informe sobre supuestas inexactitudes que presuntamente afectan a los votantes de California en general, o las comparaciones entre la lista del Gobierno y el 'expediente electoral de California' completo, no tienen relevancia para determinar si los demandantes concretos de este caso tienen legitimación", afirmó.1,4
El departamento también sugirió que Boasberg remitiera el asunto al Departamento de Justicia para que lo investigue por posible desacato penal. Alberto Lammers, portavoz del Proyecto de Derechos de Voto de la Universidad de California en Los Ángeles, que presentó el caso e hizo el análisis de datos para la organización de defensa de los inmigrantes, dijo en un comunicado enviado por correo electrónico: "Los abogados de los demandantes y sus expertos cumplieron plenamente las órdenes del Tribunal."1,4
La administración ha dicho que su lista se elaboró cuidadosamente a partir de los propios datos de inscripción electoral del estado y se cotejó con registros federales de ciudadanía. El Departamento de Justicia emitió una serie de citaciones a oficinas electorales en California y advirtió a los funcionarios electorales que, si permitían a sabiendas que votaran no ciudadanos, podrían enfrentar cargos penales. Los fiscales federales también han advertido a los funcionarios de posibles consecuencias penales por tramitar a sabiendas papeletas emitidas por no ciudadanos.1,4,5
Los funcionarios electorales de California sostienen que la lista está plagada de errores y dicen que no tienen forma de realizar el trabajo que la ley exige para dar de baja a votantes del censo en los días previos a las elecciones. Las personas declaran ser ciudadanos estadounidenses cuando se registran para votar y se arriesgan a ser procesadas por un delito grave si votan sin tener derecho a ello.1,4
En un caso separado, el Departamento de Justicia también apeló el domingo una decisión dictada el viernes por la noche por la jueza del Tribunal de Distrito de EE. UU. Trina L. Thompson. La jueza, con sede en San Francisco, prohibió al departamento exigir a las oficinas electorales que eliminen de los censos a posibles no ciudadanos, que separen sus papeletas o que amenacen con acciones legales. El departamento señaló que Thompson falló antes de que el Gobierno federal pudiera presentar sus argumentos iniciales, y Thompson programó una audiencia sobre la apelación para el lunes.1,4
Ese caso es uno de los muchos que la administración Trump ha perdido en su batalla por sus listas de presuntos votantes no ciudadanos. Un juez federal en California rechazó su exigencia de obligar a los funcionarios electorales a separar las papeletas emitidas por esos votantes, al escribir que esas órdenes de última hora podrían "sembrar el caos" en las elecciones del estado, y dos jueces de apelación estuvieron de acuerdo. El viernes, el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de EE. UU. (9th U.S. Circuit Court of Appeals) en San Francisco rechazó la solicitud urgente de la administración para obligar a California a apartar por segunda vez las papeletas en disputa. "Rechazamos la invitación de Estados Unidos a contravenir la Cláusula Electoral socavando el texto claro de la Constitución", escribió la mayoría del tribunal.1,4,6,5
La lista de la administración se entregó a California a principios de octubre y sirvió de base para una demanda presentada el 15 de octubre que pide a California que ponga bajo custodia las papeletas enviadas a esos "probables no ciudadanos", impidiendo su escrutinio. El Departamento de Justicia exigió que los funcionarios de California separaran las papeletas asociadas a las personas incluidas en la lista y las retuvieran sin contar hasta que se pudiera verificar la ciudadanía. Los funcionarios de California rechazaron las exigencias, cuestionaron la fiabilidad de la lista y advirtieron de que separar las papeletas podría alterar unas elecciones ya en marcha, y un juez federal de distrito ya había rechazado la solicitud al advertir de que podría privar del derecho de voto a votantes habilitados y crear caos.6,5
Los científicos de UCLA dijeron que muchos otros nombres de la lista eran ciudadanos estadounidenses confirmados o podrían corresponder a ciudadanos estadounidenses, y advirtieron de que el número de ciudadanos incluidos podría ser considerablemente mayor. "Esta revisión demuestra, al menos por preponderancia de la prueba, que las exigencias a los funcionarios electorales bajo amenazas penales y civiles ponen en peligro los derechos de voto de los miembros y clientes de la demandante CHIRLA", decía el documento. Fue firmado también por Xavier Becerra, el candidato demócrata para suceder al gobernador Gavin Newsom. Listas similares enviadas a otros estados también han mostrado errores importantes, y Nevada comprobó que ninguno de los nombres incluidos en su lista correspondía a votantes no ciudadanos. Los 50 estados prohíben el voto de no ciudadanos en las elecciones federales.6,5
Thompson tiene previsto celebrar una audiencia el lunes sobre la apelación del departamento, con las elecciones de medio mandato que decidirán el control del Congreso y 52 escaños de la Cámara de Representantes en California fijadas para el martes.1,4,5,6
