El Departamento de Justicia acusó el lunes a 28 personas en California de inscribirse de forma fraudulenta para votar y de emitir papeletas ilegales, lo que intensifica una disputa con el estado por los padrones electorales a menos de tres semanas de las elecciones legislativas de mitad de mandato del 3 de noviembre.3,4,7
El Departamento de Justicia afirmó que todas las personas acusadas son residentes permanentes legales, no ciudadanos estadounidenses, y que se enfrentan a cargos que incluyen hacer declaraciones falsas en una solicitud de naturalización y presentar inscripciones electorales fraudulentas. Según el departamento, 11 de ellas estaban bajo custodia. The Associated Press, en un informe recogido por PBS NewsHour, señaló que más de dos docenas de personas habían sido arrestadas, mientras que The Guardian y The Hill situaron en 11 de las 28 personas acusadas el número de detenidas. La operación fue bautizada como Operación Proteger el Voto (Operation Protect the Vote).3,4,7
Los arrestos siguen a una demanda que el departamento presentó el jueves pasado contra California. El departamento afirmó que el estado estaba enviando papeletas a más de 20.000 personas que probablemente no son ciudadanas y pidió a un tribunal que impida que esas papeletas se cuenten. La disputa comenzó cuando los funcionarios de California no cumplieron un plazo de 48 horas para revisar una memoria USB protegida con contraseña que contenía una lista de 20.000 nombres, según PBS NewsHour. El estado envía papeletas a todos los votantes registrados.1,5,7
La secretaria de Estado de California, Shirley Weber, cuestionó los datos y afirmó que las autoridades federales no habían aportado pruebas que respaldaran sus afirmaciones. En un comunicado, dijo que los "incansables esfuerzos del Departamento de Justicia por acceder ilegalmente a los datos protegidos de los votantes de los estados y depurar los padrones electorales solo sirven para causar caos y alimentar la desconfianza pública en nuestras elecciones". Weber también calificó las acusaciones de "vagas e infundadas".1,3,5,7
El gobernador Gavin Newsom, demócrata, afirmó que la demanda era un intento de interferir en las elecciones. "Este es un triste y desesperado intento de Trump de usar su Departamento de Justicia politizado para tratar de suprimir a los votantes de California a solo tres semanas del día de las elecciones", dijo Newsom. El fiscal general de California, Rob Bonta, escribió en las redes sociales que "las exigencias de última hora de la Administración Trump no tienen fundamento, y esperamos defender nuestro caso ante los tribunales".5,6
El lunes, el departamento presentó una moción para obtener una orden de restricción temporal ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Central de California (Central District of California). Pide a las autoridades que aparten las papeletas de los votantes que la administración ha marcado como posibles no ciudadanos. En su escrito, el departamento afirmó que California "dejó claro que se compromete a tratar las papeletas de esas personas probablemente no ciudadanas al mismo nivel que las de los ciudadanos estadounidenses". El documento también sostenía que "una vez que las papeletas emitidas ilegalmente se cuenten y se mezclen con votos legítimos, el daño resultante puede ser imposible de reparar". California había rechazado previamente una petición para confirmar la elegibilidad de los votantes o apartar las papeletas.5
La presión del departamento también ha llegado a los trabajadores electorales. En una carta del viernes, firmada por Trent McCotter, fiscal general adjunto en funciones, enviada a la oficina del asesor jurídico del condado de Los Ángeles (Los Angeles County Counsel's office) y con copia para Weber y para el registrador del condado de Los Ángeles, Dean Logan, el departamento advirtió que los funcionarios que procesen a sabiendas papeletas emitidas por no ciudadanos podrían ser investigados. "Si personas tabulan a sabiendas papeletas emitidas por individuos identificados por agencias federales como no ciudadanos, corren el riesgo de convertirse en cómplices de un delito federal", decía la carta. Logan afirmó que su oficina se centraba en organizar unas elecciones justas y seguras. "El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha decidido litigar sus afirmaciones no verificadas sobre la elegibilidad para votar. En este momento, lo mejor es que esto se resuelva en los tribunales", dijo.7
Harmeet Dhillon, jefa de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia, dijo a 60 Minutes que "los no ciudadanos no pueden votar en las elecciones federales. Así que la cuestión es simplemente cuántos hay". La administración ha afirmado, sin aportar pruebas, que 278.000 no ciudadanos están inscritos para votar. Un portavoz de la Casa Blanca (White House) ha dicho que los no ciudadanos "siguen inscribiéndose y votando en las elecciones federales". La administración sostiene que el acceso a los padrones electorales ayudaría a eliminar a los no ciudadanos de las listas.1
La disputa por los datos electorales se remonta al año pasado, cuando el Departamento de Justicia pidió a casi todos los estados los padrones electorales completos, incluida información confidencial. La teniente gobernadora de Utah, Deidre Henderson, republicana, cuya oficina supervisa las elecciones del estado, dijo que las solicitudes incluían "números de la Seguridad Social, fechas de nacimiento completas y números de licencia de conducir". Afirmó que no recibió buenas respuestas sobre por qué el gobierno federal quería esa información y que se negó a entregarla. Funcionarios de otros 29 estados, tanto demócratas como republicanos, también se negaron, y el departamento los ha demandado a todos.1
El voto de no ciudadanos sí se produce, aunque CBS lo describió como extremadamente raro. La gobernadora de Nueva Jersey (New Jersey), Mikie Sherrill, dijo este verano que miles de no ciudadanos se inscribieron por error en su estado debido a un fallo de software, y que unos 340 de ellos votaron. CBS informó de que el departamento ha acusado a más de 100 no ciudadanos de votar ilegalmente desde el inicio del segundo mandato de Trump. Henderson dijo que su revisión encontró 52 votantes cuestionables entre más de 2 millones de inscritos en Utah. El secretario del Departamento de Seguridad Nacional (Department of Homeland Security), Mullin, dijo este verano que los funcionarios electorales que permitan a sabiendas que no ciudadanos voten podrían ser procesados o enviados a prisión. Henderson rechazó esa idea. "No vamos a ir a prisión. No. Es absurdo", dijo. El mes pasado, el departamento le notificó por escrito que estaba bajo investigación.1,7
A principios de este año, agentes federales armados incautaron papeletas de una instalación en el condado de Fulton (Fulton County), Georgia, con una orden de registro penal. La secretaria de Estado de Georgia calificó la orden como llena de "afirmaciones infundadas y recicladas". Los agentes se llevaron más de 600 cajas con registros electorales de las elecciones de 2020, que el presidente Trump ha afirmado repetidamente que ganó. La comisionada del condado de Fulton, Dana Barrett, demócrata, dijo: "Jamás imaginé en mis sueños más locos que nos registraría el FBI". Dijo que no sabía dónde estaban ahora las papeletas y calificó la incautación de "teatro político destinado a socavar las elecciones de 2026 y 2028".1
El caso de California avanzará con rapidez, con las elecciones a 18 días cuando Logan habló. Hasta la cobertura del lunes no se había informado de ninguna decisión sobre la solicitud del departamento de una orden de restricción temporal. Henderson, quien ha dicho que la negativa de los candidatos perdedores a reconocer la derrota es motivo de preocupación, afirmó: "Los candidatos que pierden pueden hacer mucho bien reconociendo la derrota con elegancia. Eso generará confianza en el público".1,5,7