Un importador de alimentos de Nueva Jersey demandó el martes al presidente Donald Trump y a las agencias federales de comercio y aduanas ante el Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos (U.S. Court of International Trade), en Nueva York, para impugnar los aranceles del 50 % a los bienes canadienses y sostener que el presidente carece de autoridad para imponerlos en virtud de una ley de la época de la Gran Depresión.3,5,2
La demandante, Gellert Global Group Corp., es una empresa familiar de tercera generación que importa queso canadiense. La demanda también incluye como demandados a la Oficina Ejecutiva del Presidente (Executive Office of the President), a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (U.S. Customs and Border Protection), a su comisionado, Rodney S. Scott, al Representante Comercial de Estados Unidos (U.S. Trade Representative), Jamieson Greer, y a la Oficina del Representante Comercial. Los aranceles abarcan unos 20.000 millones de dólares en bienes canadienses, según Associated Press.3,2,5
Los aranceles se basan en la Sección 338 de la Ley Arancelaria de 1930 (Tariff Act of 1930), una disposición que, según la demanda, ningún presidente había utilizado para imponer un arancel en los 96 años transcurridos desde su promulgación, hasta julio de 2026. La demanda señala que el presidente emitió tres proclamas el 20 de julio de 2026, cada una de las cuales imponía un arancel adicional del 50 % a los productos canadienses incluidos en un anexo. Los aranceles entraron en vigor el 22 de agosto de 2026, tras una suspensión de tres días. Associated Press describió la medida como ocurrida en agosto, mientras que la demanda fecha las proclamas en julio.2,3,5
La administración amplió después las medidas. El 8 de septiembre, el presidente modificó las listas de productos afectados y excluyó de la importación a Estados Unidos determinados productos canadienses, según la demanda. Associated Press informó de que el presidente anunció el mes pasado una prohibición total de casi 1.000 millones de dólares en productos canadienses, entre ellos bebidas alcohólicas, productos lácteos y motocicletas. Canadá (Canada) respondió con represalias dólar por dólar, según Associated Press, y Al Jazeera describió aranceles de represalia canadienses sobre unos 20.000 millones de dólares en bienes estadounidenses.2,3,5
Gellert afirma que los aranceles están elevando sus costos y perturbando sus relaciones con proveedores a ambos lados de la frontera. Según la demanda, la empresa pagó más de 520.000 dólares en aranceles entre el 16 de septiembre y el 11 de octubre. “Gellert Global Group ha dedicado generaciones a construir relaciones de confianza con proveedores, clientes y socios de la industria alimentaria”, declaró Thomas Gellert, codirector ejecutivo de la compañía, en un comunicado de prensa. “Estos aranceles alteran esas relaciones de la noche a la mañana y generan costos e incertidumbre que se propagan por toda la cadena de suministro.”5
El argumento jurídico central es que el Congreso aprobó posteriormente leyes comerciales más recientes que desplazaron la Sección 338. Associated Press informó de que algunas de esas leyes delegaron en el presidente el poder arancelario, pero limitaron su autoridad a determinadas circunstancias, como las amenazas a la seguridad nacional y las crisis de divisas extranjeras, y exigieron investigaciones y otros procedimientos previos. La demanda sostiene que la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974 (Trade Act of 1974) exige investigaciones, comentarios públicos y otras salvaguardas que la administración ha eludido. “La administración no puede saltarse esas protecciones recurriendo a una ley de 1930 que ningún presidente había utilizado nunca para imponer un arancel”, afirmó Jeffrey Schwab, asesor jurídico principal y director de litigios del Liberty Justice Center.3,5,2
La demanda también cuestiona la justificación oficial del gobierno. La administración ha afirmado que Canadá discrimina a los productos estadounidenses, citando el alcohol, los automóviles y los lácteos. La demanda sostiene que dos de las medidas canadienses “surgieron en respuesta a los propios aranceles del presidente, mientras que la tercera se refiere a la política láctea canadiense regulada por el Acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá (USMCA).” Además, sostiene que los aranceles no “compensan” ninguna carga medida, como exige la ley, y que la tasa del 50 % es simplemente el máximo legal. Reason, que publicó un artículo en apoyo del caso, resumió que la demanda plantea cinco argumentos, entre ellos que la interpretación de la administración choca con la doctrina de las grandes cuestiones y con los límites constitucionales a la delegación del poder legislativo.2,4
La demanda también señala que la administración no respetó el plazo de espera de la Sección 338. Según la demanda, la ley solo permite cobrar aranceles 30 días después de la proclama que enumera los productos. Cuando el presidente añadió productos, entre ellos quesos que importa Gellert, el 8 de septiembre, ordenó que los aranceles comenzaran a cobrarse el 15 de septiembre, siete días después, según la demanda.2,5
Sara Albrecht, presidenta del Liberty Justice Center, afirmó que la organización representa a Gellert. “Ningún presidente debería tener el poder de sacar del olvido una ley en desuso para imponer aranceles generalizados o prohibiciones de importación sin los límites que exigió el Congreso”, dijo Albrecht. El Liberty Justice Center se define como un grupo de defensa libertario y, este año, logró impugnar ante la Corte Suprema aranceles anteriores de Trump. La demanda pide al tribunal que declare ilegales los aranceles, que impida su cobro y que ordene la devolución con intereses a los importadores afectados. Reason informó de que también busca la certificación de una acción colectiva para todos los importadores sujetos a los aranceles de la Sección 338.3,5,4
El caso es el último de una serie de impugnaciones judiciales a la política arancelaria de Trump. En febrero, la Corte Suprema anuló la mayoría de los aranceles que impuso en 2025 en virtud de poderes económicos de emergencia, y la administración se vio obligada a reembolsar miles de millones de dólares a los importadores que los habían pagado, informó Associated Press. Un tribunal de comercio dictaminó después en contra de un arancel global temporal del 10 % impuesto en virtud de la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974. En julio, el presidente también impuso aranceles de entre el 10 % y el 12,5 % a decenas de socios comerciales, alegando trabajo forzoso, y esos aranceles están siendo impugnados en los tribunales.3,5
La Casa Blanca y la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios sobre la demanda, según informaron Associated Press y Al Jazeera. La demanda fue presentada ante el tribunal de comercio, que conoce de los casos relacionados con aranceles, y el gobierno aún no ha respondido a ella en los informes consultados.3,5,2